A golpe de denuncias tramitadas por la Junta de Castilla y León, tanto del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, como de la Asociación de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León (Agerdcyl), las escombreras ilegales de la provincia van desapareciendo, y sobre todo por la norma europea que prevé endurecer la presión y las sanciones.